OS PORTUGUESES NO REINO UNIDO: REALIDADE OU PESADELO?

Com a chegada do Brexit, o número de portugueses que se candidataram ao estatuto de residentes no Reino Unido duplicou em agosto, desde que Boris Johnson se tornou o novo primeiro-ministro britânico. Johnson assumiu o cargo no final de julho, após a demissão de Theresa May, devido à dificuldade em completar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Analisando os dados do relatório mensal do sistema de regularização migratório (ou EU Settlement Scheme) apresentados no gráfico seguinte, podemos, de facto, observar que houve um tremendo salto nas inscrições para esta candidatura: de 12100 inscrições em julho e 11700 em junho, para 24300 em agosto. É ainda importante referir que Portugal é a nacionalidade com o quarto maior número de candidaturas (com 117300 inscrições), logo a seguir à Polónia (240300), Roménia (187600) e Itália (150800).

   

Com o settled status, ou esquema de registo dos cidadãos comunitários, os emigrantes europeus podem-se candidatar ao estatuto de residente permanente, que é obrigatório após o Brexit e que é atribuído a quem vive no Reino Unido, de forma contínua, há pelo menos cinco anos, enquanto que os que vivem no país há menos de cinco anos irão apenas obter um título provisório (pre-settled status) até atingirem o tempo necessário.

E aqui nasce o problema que deixa milhares de emigrantes inseguros. O processo referido anteriormente deve ser completado até 31 de dezembro de 2020 em caso de um Brexit sem acordo, ou 30 de junho de 2021, caso haja uma saída ordeira da União Europeia. Se o residente comunitário vir o seu pedido rejeitado, este irá perder o direito de viver no Reino Unido, ficando assim a viver ilegalmente neste país.

Após o primeiro-ministro britânico, no seu discurso inaugural como novo chefe de governo do Reino Unido, ter garantido que os cidadãos comunitários residentes no seu país terão "a absoluta certeza quanto ao direito de viver e permanecer" depois do Brexit, parecia ser possível a aprovação de uma lei com o objetivo de garantir os direitos destes cidadãos a residir e trabalhar no país em que se encontravam, independentemente do resultado à sua candidatura ao settled status, lei esta apoiada por vários políticos britânicos. No entanto, poucas horas depois, o gabinete de Johnson já garantia que "a lei já existe, já há uma base legal” e que “ O Sistema de Registo de Cidadãos da União Europeia já está em funcionamento e está correr bem".

Vários membros de movimentos de emigrantes portugueses contestaram o seu desaprovamento. Paulo Costa, membro do movimento Migrantes Unidos, afirma que, para além do settled status, "não há nada que nos garanta que os nossos direitos de trabalho, de estudar, de pensões, estejam assegurados e não sejam alterados daqui a quatro meses, portanto, não há garantia nenhuma acerca do que vamos ter, sobretudo agora com a hipótese de sair sem acordo."

O que poderemos esperar então desta situação? A meu ver, o Reino Unido poderá passar por graves problemas económicos devido não só ao Brexit em si mas também devido às enormes mudanças que poderão ocorrer no mercado de trabalho britânico, já que várias empresas e fábricas serão afetadas, e mesmo a libra está a desvalorizar a um ritmo alarmante. Para além do impacto económico, a discriminação contra os emigrantes tem-se tornado uma situação preocupante nos últimos tempos, gerada pelas constantes mudanças no setor político.

Miguel Oliveira

Fontes:

https://expresso.pt/internacional/2019-09-12-Reino-Unido.-Candidaturas-de-portugueses-a-estatuto-de-residente-duplicaram-em-agosto

https://www.dn.pt/mundo/interior/portugueses-no-reino-unido-nao-ha-garantia-sobre-o-que-vamos-ter-depois-do-brexit-11195638.html

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-statistics-august-2019

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

LA LUCHA DE DOS GIGANTES

Si las dos potencias económicas más grandes entran en un continuo ambiente de hostilidad y desacuerdo… ¿Cómo no nos va a salpicar el resultado de esas decisiones al resto del mundo?

Todo comenzó en marzo de 2018, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer unos aranceles a las importaciones del carbón y del acero procedente de China de 50.000 millones de dólares. Días más tarde la amenaza estadounidense optaba por aumentar los aranceles a 100.000 millones de dólares, queriendo con esto defender los empleos industriales y la economía del país.

Lo que sí está claro es que una potencia como el gigante asiático no iba a quedarse con los brazos cruzados ante estos ataques y, al ser el mayor propietario extranjero de deuda estadounidense, podría reducir sus compras perjudicando así a Estados Unidos y generando controversia. Según Donald Trump, la industria siderúrgica estadounidense está amenazada de muerte por la competencia China y supone un peligro para la seguridad nacional, algo que según ciertos informes es contradictorio ya que EEUU produce el 70% del acero que consume, destinando solamente el 3% para uso militar, sin estar China entre los 10 primeros proveedores. Así, pues, lo que  indica que el empleo en la industria siderúrgica haya disminuido no es por culpa de China, sino por otros factores como son la tecnología.

Otro de los propósitos de Trump con estas medidas es perjudicar los productos de la iniciativa “ Made in China 2025”,  cuyo objetivo es aumentar y consolidar la industria manufacturera China para convertir al país en el líder de la innovación internacional, con capacidad de influir sobre el resto de los países.

Lo que se logra con esta imposición arancelaria realmente es dañar la competitividad de las empresas norteamericanas, disminuir las exportaciones al resto del mundo y destruir gran cantidad de empleos. Todo esto queda explicado con el razonamiento de que el arancel afecta a productos utilizados en el proceso productivo de las empresas norteamericanas, que acabarán siendo los productos finales que estas empresas exportan. Así, pues, esto puede desencadenar en una subida de precios para mantener el margen de beneficios. Al subir el precio, los consumidores responderán comprando menos, lo que irá acompañado de una disminución de las ventas, al disminuir las ventas hacen falta menos trabajadores con lo que disminuye el empleo. El precio relativo de esos bienes aumenta, con lo que se ve reflejado en una disminución de la competitividad.

Una guerra comercial contra las importaciones chinas dejaría como mayores afectados las empresas de EEUU, ya que comprar inputs extranjeros obliga a las empresas a disminuir su coste de producción. Si las empresas estadounidenses quieren permanecer en el mercado, al no poder competir contra China, tendrían que vender más barato y para ello deberían empezar por disminuir los costes de producción, algo que no implica una decisión cualquiera para una organización.

El galopante déficit en el que está sumido EEUU por las rebajas fiscales de Trump ha acarreado un déficit anual de las cuentas del 40% en una situación en la que la deuda federal alcanza ya el 106% del PIB nacional. Así, pues, al  versen enfrentadas estas dos grandes potencias, además de sufrir ellas mismas, como es lógico,  también tiene efectos sobre el resto del mundo, reflejándose esto  en que más del 90% de los productos que se verán perjudicados por los aranceles de EEUU son productos necesitados para hacer otro tipo de productos, afectando así al producto final cuya elaboración se complica.
La Eurozona es hoy la región con mayor superávit por Cuenta Corriente del mundo. En 2018, llegó a superar los 465.000 millones de $ de beneficios. Fue una inyección de divisas que permitió a la región vivir los meses más felices desde la burbuja inmobiliaria, hasta que llegó la guerra comercial. Siendo así, Europa es la principal víctima, viéndose obligada a limitar la demanda interna por verse cada vez más débil la demanda externa, mermando  así un sistema de competitividad y exportaciones propulsado por Alemania que habían seguido desde la crisis de 2008.
Así pues, el Banco de España advierte que la guerra comercial acabará desencadenando en una disminución del PIB mundial del 0.25% respecto a la situación inicial, la Eurozona sufrirá una disminución del 0.2%, EEUU disminuirá el 0.26% del PIB y China del 0.38% del PIB. 
Al encontrarnos en un ámbito de incertidumbre económica, la desconfianza entre los inversores y operadores generaría impactos adversos muy importantes, como pueden ser el aumento de las primas de riesgo, y puede darse que los planes de inversión se retrasen o cancelen y de que el comercio acabe sufriendo.
A grandes rasgos, se puede decir que Europa sufre las consecuencias de la guerra comercial por dos vías diferentes. Una de ellas es por la alta participación del continente en las cadenas de valor internacionales. Gran parte de la producción son componentes que usan como insumos industrias de otros países, haciendo que si el comercio global se debilita  y las cadenas de valor se rompen, los más afectados son los que tienen mayor superávit exterior.     

El yuan a mínimos de 11 años.

La segunda vía es la que decidió tomar China cuando Trump puso los aranceles, devaluó su moneda como no se había visto en décadas.

                          Fuente: Bloomberg

La  depreciación del yuan implica que los bienes y servicios de éste país también son más baratos. Un yuan debilitado  preocupa dentro de China, haciendo que baje el poder adquisitivo y debilitando el turismo  chino, el cual es muy grande en Europa; tanto en España como en otros países europeos.

Podemos concluir diciendo, por tanto, que las economías de la Unión Europea han comenzado a dar muestras de debilidad viéndose bien claro actualmente el ejemplo de Alemania, país en el que las oleadas de recesión ya han empezado a azotar, llegando a salpicar hacia el resto del mundo que podría enfrentarse a una crisis mucho antes de lo esperado. 

La solución que a mi parecer haría que EEUU reduzca el déficit comercial sería imponiendo políticas estructurales, favoreciendo el ahorro e intentando así mejorando la competitividad de empresas locales.

Irene Rabal Marco

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

Desigualdade de género

A desigualdade de género salarial é, até aos dias de hoje, uma realidade que teima em persistir. Diversos estudos comprovam a sua existência em praticamente todos os países, quer em países ditos mais pobres quer em países que lideram em termos de desenvolvimento e riqueza, como por exemplo a Suécia. O nosso país não foge à regra, apresentando uma diferença de 11,2€ por hora, mesmo tendo as mulheres portuguesas, em média, uma escolarização mais elevada.

Teoricamente, a determinação salarial é feita com base na negociação entre empregador e empregado (sendo este muitas vezes representado como um coletivo pelos sindicatos), tendo em conta alguns fatores, como a taxa de desemprego, o quão difícil seria para o empregado encontrar outro emprego se saísse da firma e o quão custoso seria para o empregador contratar outro trabalhador. Ao olharmos para este processo podemos então questionarmo-nos como é que o género entra para afetar o salário.

A verdade é que a discriminação do empregador, mesmo sendo muitas vezes inconsciente, tem um peso muito forte na decisão. As mulheres, ao entrarem no mercado de trabalho, não são vistas simplesmente como um funcionário. O empregador tem em conta mais condicionantes do que com um homem – como, por exemplo, a probabilidade de esta querer ter filhos no futuro e ter direito a dispensa de maternidade. Além disso, há diversos estudos que indicam que as mulheres têm mais aversão ao risco, o que as leva a evitar negociar as condições salariais no momento da contratação por receio de serem recusadas e não conseguirem encontrar outro emprego.

Analisadas todas estas condicionantes, resta-nos então o problema de como as resolver. Ao longo dos anos, foi criada imensa legislação para tentar colocar um ponto final na questão, mas, no máximo, esta funcionou apenas como “virgulas” que foram atenuando mas nunca eliminando completamente o problema. A igualdade salarial está assegurada há 60 anos nos Tratados da União Europeia, está presente na nossa Constituição e até está assegurada no Código de Trabalho, mas a realidade é que até hoje as mulheres continuam a dar 58 dias de trabalho gratuito, se as compararmos com os homens.

O economista Gary Becker afirmou, em 1957, que a solução está na competitividade. A discriminação, quer de género, raça ou qualquer outro aspeto, implica custos: se um empregador decide empregar um homem a quem pagará mais do que a uma mulher para a mesma produtividade, ele está a aceitar perder dinheiro só para satisfazer os seus gostos. Ao aumentarmos a competitividade de um mercado, o empregador vai sentir necessidade de diminuir os custos para manter a concorrência e vai ser obrigado a abdicar da sua discriminação.

Esta teoria foi testada recentemente por uma economista da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Priscila Ferreira, juntamente com dois colegas da Universidade de Exeter. Estes, decidiram olhar para o efeito da criação da “Firma no Minuto” na desigualdade salarial. Para percebermos esta experiência, definida pelos autores como uma “quasi-natural experiment”, o que a torna extremamente relevante para comprovar a teoria de Becker no “mundo real”, convém perceber primeiro os seus condicionantes.

O programa Firma no Minuto foi criado pelo governo português para diminuir muito significativamente a burocracia que travava o empreendedorismo, dificultando o processo de criação de novas empresas, fazendo com que Portugal passasse de 113º para 26º no ranking de “Ease at Doing Business” do World Bank. Com esta descomplicação burocrática, o que se sucedeu foi um elevado aumento do número de empresas, que fez crescer a competitividade dos mercados. Observaram-se várias consequências que comprovaram então a teoria: os salários em geral aumentaram, sendo estes aumentos maiores para as mulheres do que para os homens nos cargos de média e alta qualificação, reduzindo assim a desigualdade.

Torna-se assim óbvio que a solução não é tão direta como parece, mas que existe. A criação de sistemas de quotas e de salários máximos, apesar de poder ajudar, é ineficiente. É a responsabilidade do governo fomentar a competitividade, com políticas económicas que reduzam a burocracia, com a criação de veículos que incentivem o empreendedorismo e, idealmente, conseguindo encontrar formas de diminuir a taxa de desemprego, visto que esta tem um efeito muito negativo na competitividade do mercado. O que não podemos mesmo fazer como cidadãos é fechar os olhos a esta desigualdade. Se uma experiência tão simples como a redução da burocracia a nível municipal obteve resultados tão notórios, torna-se insustentável negar a existência do gender pay gap e urgente encontrar uma solução.

Ângela Monteiro

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

A FED e o BCE: caminhos distintos, objetivos comuns

A crise de 2007 levou os bancos centrais a recorrer a políticas monetárias expansionistas, como era esperado, com ritmos diferentes, sendo o seu objetivo impulsionar a economia, e consequentemente atenuar a recessão.

Contudo, apesar da convergência no objetivo e da resposta no que toca a política monetária expansionista tratar-se da mesma, sendo esta a de baixar a taxa de juro nominal, o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Americana têm caminhos distintos. Estes caminhos começam logo a divergir quando observamos como a taxa de juro nominal é alterada: enquanto que a FED realiza operações de mercado aberto em período overnight, com a compra/venda de obrigações, levando à criação/destruição de moeda que origina descida/subida das taxas de juro, o BCE define a refinancing rate, que é a taxa de juro que os bancos pagam quando estão sem fundos e recorrem ao BCE. Como a refinancing rate é relevante para os bancos, estes vão adaptar as suas taxas de juro conforme o movimento desta, tendo assim um efeito muito aproximado às operações de mercado aberto feitas pela FED.

Além desta diferença na implementação na taxa de juro, a FED e o BCE seguiram caminhos distintos nos valores da taxa de juro nominais no pós-crise internacional. Os dois gráficos seguintes mostram a evolução da taxa de juro na FED e no BCE, que apresentam diferenças significativas, desde logo pelo timing de levar as taxas de juro nominais para zero - no caso da FED, em 2008, estava em valores próximos de zero (fig. 2) -, enquanto que no BCE só aconteceu apenas em 2013 (fig.1). Além disso, na FED, em 2016, deu-se a subida das suas taxas de juros para arrefecer a economia e para evitar uma possível armadilha de liquidez no futuro. Por outro lado, o cenário no BCE é bem diferente, tendo as taxas de juros estagnado no valor zero e sem nenhuma alteração desde 2016.

Fig.1 Fonte: Banco Central Europeu

Fig.1 Fonte: FED

Dadas estas diferenças, constatamos que o BCE se encontra numa situação muito vulnerável dado que se encontra numa situação de zero lower bound, que pode levar a uma liquidity trap numa próxima recessão. Além desta aparente debilidade do BCE, podemos constatar que teve um comportamento mais instável e menos eficaz que a FED, pois demorou cerca de oito anos para levar a taxa de juro nominal para o valor zero, diminuindo assim a capacidade na atualidade de aumentar a taxa de juro e consequente perda de poder deste instrumento monetário.

Ricardo Bessa

Bibiliografia

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index. en.html

https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

Uma descentralização entre avanços e recuos

A descentralização é o processo de transferência de competências que são exercidas pelo estado central, que inclui o estado, para entidades sub-nacionais, nomeadamente as autarquias. O conceito de descentralização envolve inúmeros aspetos, nomeadamente financeiros, políticos e administrativos.

Portugal é dos países mais centralizados da OCDE. Estima-se que apenas 13% da despesa das administrações públicas é gerida pelas entidades sub-nacionais. Dito de outra forma, Portugal apresenta um grau de descentralização de aproximadamente 13%.

         No entanto, o cenário começou a inverter-se em agosto do ano transato com a aprovação da lei-quadro da transferência de competências para a autarquias, graças aos votos favoráveis de PS e PSD. De acordo com a mesma, a transferência de competências torna-se obrigatória em 2021 e são 23 as áreas cujas decisões passam a ser tomadas pelos municípios e freguesias, destacando-se a saúde, educação, habitação, justiça, ação social, cultura ou património. Neste ano letivo, há 73 autarquias que já vão assumir novas competências na área da educação no âmbito da descentralização, recebendo no total 257 milhões de euros para fazer face às despesas de 280 escolas que eram anteriormente suportadas pelo Ministério da Educação, como as refeições escolares, obras, investimentos, funcionários, água, eletricidade, entre outras.

         A principal vantagem inerente à descentralização é que as autarquias, pelo fator de proximidade ao cidadão, estarão mais capacitadas para satisfazer as necessidades locais, sendo o tempo de resposta menor também. Além disto, conseguem ser mais eficientes, uma vez que conseguem ajustar a provisão dos bens e serviços às preferências e necessidades dos cidadãos. Em suma, a descentralização, a meu ver, pode permitir uma melhor afetação dos recursos económicos, promovendo ao mesmo tempo a participação e a democracia local dos cidadãos na concretização dos seus interesses. A própria competição entre governos locais promove, de certa forma, a eficiência.

Uma das grandes controvérsias em torno deste tema é o dinheiro que vai ser transferido do estado central para as autarquias. Como foi notícia há poucos meses, mais de um quarto dos municípios, 79 dos 278, colocaram-se total ou parcialmente fora das novas competências. Para que o processo de descentralização realmente funcione, é preciso que as câmaras tenham acesso aos respetivos meios e sejam responsáveis pela gestão. Não pode haver descentralização sem responsabilização. As autarquias têm de ter incentivos. Não basta apenas descentralizar tarefas; têm de ter um papel ativo na forma como a receita é gerada. Se apenas forem responsáveis pela gestão da despesa, terão todos os incentivos em aumentá-la e não em diminui-la. Também não é possível um município aceitar competências sem conhecer o financiamento atribuído a cada área, que foi precisamente o que aconteceu. Igualmente, é necessário que todo o processo seja gradual, dando ao poder local o tempo de adaptação necessário.

Com a descentralização, o facto de todo o poder deixar de estar todo confinado à capital pode permitir atenuar as desigualdades territoriais existentes no nosso país, melhorar a qualidade dos serviços locais, permitir a criação de novos postos de trabalho e promover a igualdade de oportunidades. A grande concentração de poder do estado em Lisboa é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento económico do nosso país. Regra geral, países mais descentralizados são também mais desenvolvidos e mais equilibrados do ponto de vista das finanças públicas e é lamentável coexistirem cenários económicos tão diferentes em Portugal.

Ao conseguirmos ser mais eficientes e, como resultado, mais produtivos, podemos melhorar as condições salariais de alguns trabalhadores, uma vez que os salários no longo prazo são determinados pela produtividade e, assim, corrigir o panorama atual, caraterizado por um salário médio quase igual ao salário mínimo.

Pedro Torcato da Cruz Meira

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

Votar para quê?

Estamos em 2019 e ainda há pessoas que se recusam a votar porque “não vai mudar nada” ou “não é o meu voto que vai fazer a diferença”. Contudo, é por pensamentos retrogradas e generalistas como estes que se alcançou, em Portugal, uma taxa de abstenção vergonhosa de quase 70%, a 26 de maio.

O gráfico representa a evolução da taxa de abstenção das eleições europeias, em Portugal. Desde 2014 até 2019, o número de eleitores aumentou em mais de 1 milhão. Tal se deveu ao acréscimo no número de residentes no estrangeiro inscritos, contudo, nem isso foi motivo para baixar a taxa de abstenção verificada em 2014. Deste modo, em 2019, surge a maior taxa de abstenção de sempre em Portugal, passando de 66,2% (2014) para cerca de 68,6%. Nesse seguimento, o gráfico mostra isso mesmo, a evolução extremamente negativa da mentalidade dos eleitores portugueses que se questionaram em relação ao poder do seu voto, no contexto europeu. É de notar que o gráfico apresenta a taxa de abstenção total, ou seja, tanto dos eleitores residentes em Portugal como no estrangeiro.

Posto isto, é necessário saber o que leva os portugueses a ter este tipo de comportamento, tal como o que leva os cidadãos da Bulgária, Eslovénia, Eslováquia, Croácia e República Checa a comportarem-se do mesmo modo, visto que conseguiram ter uma taxa de abstenção ainda mais elevada que a portuguesa.

O que me preocupa nesta situação toda, para além da enorme abstenção verificada, é o perfil do eleitor que não exerce o seu direito. Ou seja, não são as pessoas mais velhas ou menos informadas que estão a deixar de votar mas sim os grupos mais novos. Isto é, são os jovens (18 – 25 anos) educados, bem formados e cultos que não estão a ter participação ativa nas urnas.  

Os 16 anos já foram discutidos como a possível idade para votar pela primeira vez, fundamentando-se o mesmo com o facto de, em Portugal, com esta idade, já ser possível casar, trabalhar e até ser castigado pelo código penal. Desta forma, estaríamos a cativar os jovens, criando neles sentido de responsabilidade e compromisso com a área política. A opinião das camadas mais novas divide-se por acharem que ainda não estão preparados para o fazer com essa idade, defendendo que a escola tem um papel crucial para dar este tipo de informação. Por outro lado, muitos acreditam que a orientação política não depende da idade e assim seria uma forma de atrair cada vez mais pessoas às urnas.

         O tema em questão está também relacionado com a economia e com aquilo que os portugueses pensam em relação a esta. Isto deve-se ao facto de Portugal ser um dos países da União Europeia onde o desempenho eleitoral dos governos está mais relacionado com o impacto das oscilações económicas, o chamado “voto económico”. Deste modo, verificou-se que nos anos em que os portugueses estavam mais agradados com a economia a taxa de abstenção foi menor e vice-versa. Assim, podemos concluir que existe uma relação entre ciclos económicos e participação política dos eleitores.

Em termo de conclusão, sendo eu também uma jovem, é óbvio que este assunto me deixa bastante preocupada. No entanto, acredito que os jovens são os líderes do futuro e se cada vez mais tivermos um papel interventivo na sociedade vai ser possível provocar a mudança, inverter estes dados alarmantes e caminhar para um futuro melhor.

Diana Martins

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]

AS RENDAS GALOPANTES

O aumento exponencial das rendas tem sido um tema muito discutido nestas eleições, trazendo protestos e reclamações por parte de estudantes e famílias que afirmam que a situação está a tornar-se insustentável.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou os dados relativos às rendas para o primeiro semestre deste ano, no qual podemos verificar que as rendas subiram 9,2%, em relação ao mesmo período do ano passado. Desta forma, o preço médio nacional por metro quadrado é de 5€. É notável que as rendas mantêm uma tendência interrupta de subida a nível nacional desde 2017, primeiro ano em que o INE divulgou estatísticas em relação a este tema.

Houve 37 municípios em que o preço por metro quadrado ficou acima da média nacional, sendo a maioria destes localizados na Área Metropolitana de Lisboa ou no Algarve – os dois maiores pontos turísticos em Portugal. O Porto encontra-se também entre os 5 distritos mais caros do país, encontrando-se com uma média de 8,33€ por metro quadrado.

É fácil perceber a influência que o turismo tem neste aumento galopante das rendas. Com um fluxo de turistas quase constante e cada vez maior, é mais vantajoso para os senhorios tornarem as suas habitações alojamentos locais ou alugarem-nas a imigrantes e estudantes internacionais, com mais poder de compra, por rendas superiores àquelas que os portugueses conseguem suportar. O aumento muito significativo da procura derivado do turismo e da ascensão de Lisboa e Porto às zonas com maior oferta de emprego resultou num aumento ainda mais significativo das rendas e numa diminuição da qualidade de vida destas populações.

É interessante verificar que uma das subidas mais expressivas encontra-se no norte do país, especialmente em Braga, onde as rendas registaram um aumento de 16,4% em relação ao mesmo período no ano anterior. Tal deve-se à procura de muitas famílias de saírem da Área Metropolitana de Lisboa, que continua a ser a mais cara do país. Verificamos que muitos dos imigrantes que tem afluído para Portugal procuram estabelecer-se em áreas menos turísticas e com um menor custo de vida.

No concelho de Lisboa, o preço por metro quadrado atinge os 11,71€, o que significa que nesta região uma casa com 50 metros quadrados terá uma renda mediana de 585€. Valores insustentáveis como este levaram a que o número de novos contratos celebrados caísse drasticamente, em relação ao mesmo período do ano passado, em 10,5%. Esta situação verificou-se em todo o país, não havendo nenhuma região que demonstrasse um padrão contrário.

Números como estes são a prova que as famílias em Portugal não têm capacidade para suportar as rendas que estão a ser praticadas. O aumento galopante das rendas está a levar à diminuição da qualidade de vida da população portuguesa, que gasta grande parte do seu rendimento em renda e menos em atividades lúdicas, que tão importantes são para o equilíbrio. Provoca também uma dificuldade cada vez maior nos estudantes de conseguirem ir estudar para a universidade que desejam, uma vez que as suas famílias não conseguem suportar rendas destas proporções.

Concluo apontando o óbvio - algo precisa de mudar. Algo precisa de ser feito para estabilizar as rendas e devolver às famílias o direito a uma habitação cuja renda seja proporcional ao seu rendimento.

Maria José Costa Silva

[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]