En este trabajo
hablaremos de como se encuentran actualmente las tasas de natalidad y
mortalidad para España, y como se ha ido desarrollando a lo largo de las
últimas décadas. También veremos como estas tasas afectan a la “hucha” de las
pensiones del futuro.
Si analizamos la tasa
de natalidad, España ha registrado en 2017 un total de 391.930 nacimientos, el
número más bajo desde 1996, mientras que la tasa de natalidad se sitúa en 8,4
nacimientos por cada mil habitantes, y
es la más reducida de toda la serie histórica, que se remonta a 1976. Así lo
reflejan los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por
tanto, hay una pérdida de población registrada en España durante el año pasado,
con un saldo vegetativo negativo (la diferencia entre nacimientos y muertes) de
31.245 personas.
Según
datos provisionales, en 2017 nacieron en España 391.930 niños, lo que supone un
descenso del 4,5 % respecto al año anterior (18.653 nacimientos menos) y, desde
2008, año en que nacieron 519.779 niños y que fue el máximo en 30 años, el
número de nacimientos se ha reducido un 24,6 %.
Por
otro lado, también ha descendido levemente el número de hijos por mujer, que se
sitúa en 1,31 frente al 1,34 de 2016, mientras que la edad media a la hora de
tener un hijo ha ascendido hasta los 32,1 años y es la más alta de toda la
serie histórica. Además, el número de mujeres entre 15 y 49 años (en edad de ser madres) se ha reducido hasta los
10,57 millones en 2017. También se ha atrasado la
edad media a la que una pareja contrae matrimonio: ahora va en aumento y alcanzó
los 37,8 años para los hombres y los 35 años para las mujeres. Las
razones de demorar la maternidad y el casamiento se concentran en las
dificultades laborales de los más jóvenes, en un momento de mercado con altas
tasas de temporalidad y desempleo.
En conclusión, desde 1976, la esperanza de vida se
ha incrementado en diez años, pasando de los 73,6 años de media a los 83,6 años
de vida actuales. La natalidad, por su parte, se ha reducido a la mitad,
pasando en cuatro décadas de 2,77 hijos por madre a 1,32, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). La Comisión Europea estima que en el 2060 un
tercio de la población tendrá más de 65 años. Y un último dato: la edad media
de los españoles ya alcanza los 44 años y en varias provincias supera incluso los
50.
Analizando
ahora la tasa de mortalidad, durante 2017 fallecieron en España 423.643
personas, un 3,2 % más que en el año anterior, y la tasa de mortalidad se situó
en 9,1 defunciones por cada mil habitantes, frente a 8,8 del año 2016. Esto
implica que durante el pasado año el país perdió población, en concreto 31.245
personas (la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y
defunciones de residentes en el país), algo que ocurrió por primera vez en
2015, cuando se registró un saldo negativo de 1.976 personas, pero que previamente
nunca había pasado.
La
esperanza de vida al nacer se mantuvo en 83,1 años (al igual que en 2016) y,
por sexo, en los hombres alcanzó los 80,4 años y en las mujeres los 85,7. De
acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara
los 65 años en 2017 esperaría vivir, de media, 19,1 años más si es hombre y 23
más si es mujer.
Si juntamos la
tasa de natalidad y de mortalidad podemos ver como España será el segundo país
más envejecido del mundo para 2050, detrás de Japón. La siguiente pirámide nos
muestra el envejecimiento de la población:
El sistema de
pensiones en España es de reparto, es decir, trabajadores actuales, mediante
sus cotizaciones sociales, pagan a los pensionistas presentes. En términos de
PIB, el gasto en pensiones en España es del 11,4% del PIB,
siendo el principal gasto que recogen los Presupuestos Generales del Estado
(PGE). Cada año que pasa el problema de las pensiones crece ya que el sistema
va integrando a más pensionistas con una esperanza de vida mayor y con
pensiones más altas por lo cotizado en la vida laboral. Atendiendo al gasto
presupuestado para 2018 en materia de pensiones, será de 144.834 millones, lo
que supone un incremento del 3,7% respecto a 2017, 5.188 millones
más.
El envejecimiento
en curso pone presión sobre la sostenibilidad financiera en un sistema de la
Seguridad Social que tiene un déficit de 18.000 millones de euros. Es una de las tasas más elevadas del mundo,
ligeramente por detrás de Japón y al mismo nivel que Suiza, según datos de la
OCDE. Este es un fenómeno que, además, se encuentra lejos de detenerse. Cada
año que pasa vivimos 2,5 meses más y la esperanza de vida podría superar los 90
años hacia mediados de siglo. En el caso de la prestación por jubilación hay que
tener en cuenta que a partir de 2022 (los últimos 25 años) se calculará la
cuantía de la pensión en función de los años cotizados y las bases por las que
se cotizó.
En el ámbito de la
demografía, esta es una de las claves de los sistemas de pensiones de reparto
como el español. Los condicionantes demográficos clave de las estructuras de
población se limitan a tres: nacimientos, defunciones y migración. Los
nacimientos constituyen un aumento de la población; las defunciones, una
reducción; y la migración puede ser ambas: un aumento (inmigración) o una
reducción (emigración).
Para ver
cuál es el verdadero problema de todo esto, analizaremos el ratio
trabajador-pensionista para poder analizar la sostenibilidad de la “hucha” de
las pensiones. Hoy hay 2,1
trabajadores por cada pensionista. Una ratio al borde del equilibrio financiero
que va camino de empeorar si no se modera el coste de las pensiones. Dicho de
otro modo, únicamente una mayor recuperación del empleo y los salarios podría
paliar los desajustes del sistema. Pero el desequilibrio demográfico juega en
contra del actual sistema y esperar una recuperación rápida es algo improbable
a medio plazo.
En 2011 la hucha de las pensiones
llegó a acumular 70.000 millones de euros. En tan sólo cinco años, desde 2012,
el Gobierno ha sacado 66.000 millones de euros de la llamada hucha. Además,
para cubrir las necesidades de gasto, entre 2017 y 2018 la Seguridad Social ha
pedido prestados otros 25.000 millones. Hoy el Fondo cuenta con 8.095 millones
de euros frente a los 70.000 millones de euros que contaba en 2011.
Por otro lado, la Seguridad Social
tiene que dar en la actualidad cobertura a 8,7 millones de pensionistas, 1,1
millones más que al principio de la crisis. Cada uno de ellos percibe, de
media, 250 euros más al mes que hace una década. Todo ello supone una subida
del 57% de los costes del sistema público. La devaluación salarial vivida en
los años más duros de la crisis es una realidad con efectos negativos para el
presente y para el futuro. A esto también le sumamos que las bonificaciones a
la contratación y los menores salarios que ha dejado la crisis se han traducido
en unos ingresos que crecen más despacio que la economía y que los gastos. En
la última década los ingresos para las pensiones se han mantenido prácticamente
estancados por la disminución del número de ocupados y la moderación salarial,
la cual, pese a favorecer la recuperación del empleo, ha hecho mella en las
cotizaciones. Todo esto ha provocado que el sistema de previsión tenga un
déficit de unos 18.000 millones de euros en 2017, que apenas se reducirá a los
16.000 millones en este ejercicio.
Por último, a partir de mediados de
la próxima década, España deberá afrontar un desafío crítico: la jubilación de
los baby boomers. Entre 2025 y 2050, se retirarán millones de
personas y, si la inmigración no lo remedia, este contingente superará
ampliamente al de nuevos trabajadores. Con ello, la relación entre ocupados y
pensionistas podría verse ubicada por debajo de la cifra actual, incluso en una
situación de pleno empleo, lo que obligará a nuevos ajustes. La bomba
demográfica es una amenaza, pero también una oportunidad que cambiará la
economía para siempre. El sistema necesita cotizantes (trabajadores) para
abonar las prestaciones (pensiones).
El desequilibrio
demográfico que implica una población envejecida pone en jaque la salud de las
cuentas de la Seguridad Social, dado que aumentan los gastos al aumentar la
población mayor de 65 años que, además, causa pensiones cada vez más altas, sin
conseguir incrementar los ingresos por la vía natural del incremento de
cotizantes, al haber cada vez menos nacimientos. Con una natalidad en descenso,
los ingresos pueden incrementarse por la vía de la inmigración, el aumento de
la productividad y el empleo, o el aumento de la presión contributiva.
Ana
Sánchez Gómez
[artigo de opinião produzido no âmbito da unidade curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do 3º ano do curso de Economia (1º ciclo) da EEG/UMinho]
Sem comentários:
Enviar um comentário